El problema constitucional no es de redacción ni de falta de voluntad política. En Chile se han roto consensos básicos en torno a la democracia, por tanto, pretender que haya acuerdo donde no lo hay es una quimera. Se debe negociar con un mínimo de realismo. No se le puede pedir a un texto que haga como si hubiera coincidencias en temas fundamentales cuando en la realidad no las hay.
El Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical y parte de la Democracia Cristiana promovieron y votaron por el texto de la Convención que destruía las bases de una democracia liberal. Y la misma noche de su derrota, declararon que no renunciaban a ninguna de sus convicciones, y culparon “al pueblo de ir demasiado lento”. Es decir, entre los partidos políticos que hoy negocian, no existe consenso sobre materias tan fundamentales como el control del poder, la igualdad ante la ley, la libertad individual, el derecho de propiedad, la justicia independiente, entre otras.
En esta etapa del proceso constitucional, algunos hacen llamados frenéticos para construir un acuerdo total y otros lo ofrecen renunciando a lo que sea, omitiendo que en la práctica no existe ese amplio consenso que sueñan con anunciar. Es decir, como para algunos la foto de un acuerdo es un fin en sí mismo, mejor mirar para el lado y creer que lo que se firma vale, aunque sus palabras y acciones apunten en un sentido diametralmente opuesto.
Del mismo modo, algunos sostienen que hay materias que no corresponde que se constitucionalicen. Ese argumento tiene buen fundamento teórico, pero no empírico. Si Chile fuera un país en que ningún partido cuestiona la libertad política ni la libertad económica, obviamente se podría hacer una Constitución muy minimalista. Pero habiendo un texto como el de la Convención, en que la izquierda plasmó por escrito sus ideas, no parece razonable.
Estando en tramitación en el Congreso proyectos de ley que buscan quitar a la gente la propiedad de sus ahorros previsionales, parece lógico tomar resguardos constitucionales para impedirlo. Mientras el Gobierno crea que las usurpaciones son prácticamente un derecho social, parece importante consagrar una eficaz protección al derecho de propiedad. Cuando el propio Presidente Boric dice que "una parte de él quiere derrocar el capitalismo", no parece excesivo fortalecer la libertad de emprender y la libre elección en el texto constitucional, al menos hasta saber lo que piensa su otra parte o cual de las dos gana esa batalla interna, si es que la hay.
El oficialismo siempre ha creído que el Estado debe ser el único y exclusivo educador porque cree saber mejor que los padres lo que conviene a los niños. Ante esa mirada, parece al menos prudente, consagrar constitucionalmente, y con detalle, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. La izquierda cree que los pueblos indígenas merecen más derechos que los chilenos no indígenas. No parece insensato, por tanto, fortalecer la igualdad ante la ley, gran conquista del mundo libre.
En definitiva, hoy no hay consenso político ni siquiera sobre lo esencial, aunque sí existe consenso ciudadano. Los chilenos hoy valoran la libertad para tomar decisiones sobre su vida, creen en el valor del esfuerzo personal y del mérito, y saben que ellos deben ser los dueños de los frutos de su trabajo.
La reforma encabezada por el Presidente Lagos el año 2005, que terminó en una Constitución firmada por él, reflejó un consenso político que sí existía y que lo hizo proclamar que Chile tenía al fin una Constitución plenamente democrática y que ese nuevo texto expresaba "la unidad de todos los chilenos". Si se hubiera plebiscitado, probablemente habría logrado un amplísimo respaldo ciudadano. Pero el crecimiento de la izquierda radical y el complejo de una parte de la ex-Concertación, que ha terminado anulada por el FA y el PC, han marcado un duro retroceso en aquellos consensos básicos para la libertad, democracia y el progreso de Chile. Además, han contribuido a generar un profundo alejamiento de la ciudadanía respecto de la clase política.
Algunos dirigentes oficialistas transmiten que un triunfo del rechazo en diciembre no sería una victoria de la izquierda. Y tienen razón: sería la expresión de hastío con un proceso que se ha prolongado innecesariamente en circunstancias que la ciudadanía ya supo la verdad: la Constitución no ha sido nunca el problema.
