Rechazo o abstención: La postura del PC por veto a "usurpaciones" y la presión de sus pares a alinearse

Al Gobierno le fue mejor de lo que esperaban en el Senado. Trece de los 14 vetos presidenciales presentados a la ley de usurpaciones se aprobaron y las observaciones fueron despachadas a la Cámara de Diputados en los términos que el Ejecutivo quería.

Es decir, quedó fuera de la normativa la legítima defensa privilegiada permanente y se agregó la graduación de las penas en los casos que la usurpación sea sin violencia, ampliando las sanciones desde multa a cárcel según determine el juez, y no sólo presidio como lo establecía el proyecto que despachó el Congreso Nacional.

Tras la favorable votación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la disposición de los parlamentarios, pero recalcó que la tramitación aún no ha terminado, esto porque todavía tienen que sortear la Cámara, instancia que tiende a ser más hostil y polarizada.

En el Senado, la oposición -Chile Vamos y el Partido Republicano- finalmente cedió ante las observaciones del Ejecutivo, ya que no contaban con el quorum de 2/3 para insistir con el texto que aprobó el Congreso. En ese contexto, los parlamentarios aseguraron que la normativa con el veto es mejor que la legislación actual y optaron por avanzar en esa dirección. Al mismo tiempo, anunciaron que presentarán un nuevo proyecto de ley para restablecer la penas de cárcel en usurpaciones sin violencia y la legítima defensa privilegiada permanente.

Por otro lado, los senadores comunistas, Claudia Pascual y Daniel Núñez, rechazaron la observación del Gobierno que añade: "Cuando el hecho se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias", asimismo, se enumera una serie de condiciones para que el juez determine imponer la pena mayor.

El Partido Comunista hace semanas que viene adviertiendo su voto desfavorable, ya que este artículo permitiría que las personas que usurpan sin violencia, como por ejemplo en tomas y campamentos, estén expuestas a pena de cárcel. En el Senado hay solo dos parlamentarios comunistas, pero la Cámara son 12 diputados, por lo que el impacto del rechazo podría ser perjudicial para el Ejecutivo.

Ante la postura del PC, Tohá dijo que continuarán dialogando y esperan que "los sectores oficialistas acompañen al Gobierno". No obstante, el diputado Boris Barrera (PC) dijo que como colectividad valoran algunos aspectos del veto presentado por el Ejecutivo, como terminar con la "autotutela", que a su juicio "era una de las cosas más graves del proyecto".

No obstante, "manifestamos nuestra preocupación en relación a que siga existiendo la posibilidad de cárcel. Y eso es complejo porque hay tomas en mi distrito, yo tengo muchos campamentos, tomas de terreno, que llevan ahí años tratando de conseguir una solución habitacional y resulta que si ellos no están en un registro, pueden irse presos. Entonces eso es complejo y nosotros hemos estado en desacuerdo desde un principio", indicó Barrera.

En ese contexto, dijo que aún están evaluando si rechazarán o se abstendrán en ese punto cuando se discuta en el hemiciclo de la Corporación. En su opinión, lo que hace el veto del Ejecutivo es que "una norma que es extremadamente mala, la mejora un poquito, pero no la soluciona".

Por otro lado, los diputados del Frente Amplio también fueron críticos al proyecto original y aseguraron que sancionar con cárcel las tomas o campamentos en una "criminalización de la pobreza". No obstante, en el Senado, el legislador Juan Ignacio Latorre (RD) se alineó con el Gobierno y votó favorablemente la polémica observación.

Durante la tramitación en la Cámara podría darse una división entre los parlamentarios del Frente Amplio, antendiendo a las diferencias al interior del conglomerado. Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (CS), dijo que "más allá de la posición original que yo tuviese sobre la ley de usurpaciones, lo que salió del Congreso no es solo un proyecto del cual yo difiero, sino que es una locura, una aberración jurídica y un proyecto de ley que en su contenido permitía la creación de un mercado de sicariato. Ante esa aberración y esa locura, por supuesto que voy a apoyar el veto. Voy a votar a favor del veto en su totalidad".

Desde el Socialismo Democrático abordaron el problema de que se repita la votación del Senado en la Cámara y los diputados comunistas se descuelguen. A juicio del diputado Jaime Araya (IND - PPD), "la aprobacion del Senado representa un triunfo para el Gobierno (...)en la Camara tenemos que ordenarnos y apoyar el veto del Presidente, para que las familias que están amenazadas por la delincuencia, tengan muy claro que el Presidente, los ministerios y el oficialismo del Congreso, estamos trabajando de manera coordinada y constante por la seguridad de nuestro país".

Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) dijo que no se pueden descartar eventuales descuelgues, sin embargo indicó que "las mayorías que se aprobaron en el Senado dan cuenta de la necesidad de aprobar este veto y uno entendería que aquellos parlamentarios que apoyan al Gobierno deben votar a favor del veto que propone justamente su Gobierno".

Las observaciones del Ejecutivo se revisarán en la comisión de seguridad el próximo 7 de noviembre, cuando los parlamentarios regresen de la semana distrital.

Ese día se comunicará si es que se votarán las observaciones y se despacharán a la Sala o si se extenderá el plazo de debate al interior de la comisión. Entre los miembros de la instancia se refuerza la idea de destinar algunos días de discusión y no someterlo inmediatamente a votación.

Cabe recordar que la comisión está presidida por el diputado de Renovación Andrés Longton y la oposición cuenta con la mayoría.

En ese contexto, parlamentarios de Renovación Nacional han deslizado la intención de rechazar el veto. "Las modificaciones del Gobierno son en muchos casos inaceptables y buscan derechamente proveer de impunidad, algo que no podemos tolerar. No podemos ceder tan facilmente frente a un Gobierno que firma un acuerdo para acelerar un proyecto y luego lo destroza de forma muy reñida con los valores democráticos", dijo el diputado José Miguel Castro (RN).

Andrés Longton (RN) señaló que "gran parte de las observaciones fueron aprobadas en el Senado, en la Cámara va a ser una historia muy distinta, porque lo que va a salir claramente va a dar la apariencia de que se está generando un cambio con la sensación de impunidad por las usurpaciones, y eso no va a pasar con el veto del Gobierno. Nosotros queremos insistir con el proyecto original y también tenemos que ver la calificación de las observaciones".

El diputado Andrés Jouannett (Amarillos) - sin especificar qué hará en la votación - indicó que "en este proyecto el Gobierno cometió demasiados errores. Lo peor es quedarnos sin ley, pero, efectivamente, no se puede pretender dejarle todo al criterio del juez. La verdad que, de un tiempo a esta parte, varios jueces del Poder Judicial, que se defienden corporativamente, pero han demostrado unos fallos de verdad que dejan mucho que desear. Para qué hablamos respecto al juez de Arica o de la Araucanía (...) por tanto, la norma de dejarle esto al juez es compleja".

Por su parte, el Partido Republicano está evaluando qué acción tomar. Tendrán una reunión este jueves y el próximo lunes para zanjar una postura al respecto.