Ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
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La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, despejó algunas dudas sobre cuáles serán los criterios para revocar las pensiones de gracia a personas que tienen antecedentes penales. Además, insistió en que las irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios son responsabilidad del Gobierno anterior.
Sobre este último punto Vallejo sostuvo que "nuestro Gobierno se hizo cargo de modificar la normativa para tener la exigencia de revisar los antecedentes penales de las entregas a las pensiones de gracia. Porque esto ha sido un error, que entreguemos financiamiento permanente a personas con antecedentes penales de alta connotación social no debió haber pasado, pero no es un acto administrativo que hizo nuestro Gobierno. Así se determinó en un reglamento en últimos meses de la administración anterior, y nosotros hemos cumplido con eso, pero hay que revertirlo, y lo revertimos. Nos hicimos cargo y corregimos eso".
Además dijo que "propusimos modificaciones legales para que la ley, si es que la aprueba el Congreso, exija respecto a este tipo de financiamiento, primero, tener a la vista los antecedentes penales, y segundo, si aquellas personas que tienen pensiones de gracia cometen delitos de alta connotación, se le termina la pensión de gracia".
En ese contexto, la vocera hizo un llamado a los parlamentarios de oposición, "que han querido pasar cuentas políticas a nuestro Gobierno" que "por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio expresidente, Sebastián Piñera, entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves".
Criterios para revocar pensiones de gracia
Vallejo también se refirió a los próximos pasos en relación a la revocación de estos beneficios y sostuvo que probablemente se dejarán sin efecto más casos, además de la persona que tenía en sus antecedentes producción de pornografía infantil.
En relación al criterio que se utilizará dijo que se considerarán "antecedentes de delitos de alta connotación, esto es homicidio, tráfico, violencia intrafamiliar, que a lo mejor algunos tienen bajas penas pero son de alta connotación y son graves. Lo que sí buscamos es excluir a aquellos, por ejemplo, con trauma ocular, personas que han quedado sin posibilidad de ver por violencia de agentes del Estado".
No obstante, dijo que "hasta el momento no hemos identificado ningún caso de trauma ocular severo y que además tenga un antecedente penal de alta connotación. Eso sí, dijo que hay un caso "probable" de la administración anterior y que además tendría una condena, "en ese caso lo que tenemos que ver es que si efectivamente ese trauma ocular que se señala está debidamente acreditado (…) pero no debería suceder que confluyan esos dos elementos".
Sobre la posibilidad de que a las personas se les ordene devolver los recursos, Vallejo dijo que "no ha sido ni la propuesta de cambio legislativo ni es un elemento considerado en la posibilidad de las facultades administrativas del Ejecutivo". Y aseguró que "difícilmente puede ser exigible devolver recursos bajo un requisito que nunca fue exigido".
