Delegada presidencial de Los Lagos, Giovanna Moreira.
La Segunda / archivo.
Diversas autoridades de Puerto Montt han levantado una ofensiva contra el Gobierno, a raíz de los audios donde la
delegada presidencial de Los Lagos, Giovanna Moreira, daría a entender que el Ejecutivo sí estaba enterado de las transferencias que se realizaban a fundaciones, en el marco del Caso Convenios.
Según consigna El Llanquihue, los dichos de Moreira fueron en el contexto de
una reunión con vecinos de Alerce Histórico el 4 abril de 2023, quienes lo habrían divulgado. En ellos, la delegada habría emitido frases como: "lo que no va a servir es todo el proceso que quiere hacer la fundación, porque ese proceso sí o sí, por ley, y de forma rigurosa y por normativa, lo tienen que hacer desde bienes nacionales".
En la conversación con los vecinos, la delegada habría dicho además que "lo de la fundación no es tan viable", junto con recordar que "el seremi me dijo que la fundación puede trabajar, levantar toda la información, pero de todas maneras cuando lo lleven al ministerio, el ministerio lo tiene que volver a cero y hacer todo de nuevo".
El diputado por el distrito 26, Mauro González (RN), cuya denuncia por los traspasos de recursos a las fundaciones sirvió de base para una auditoría que realizó la Contraloría Regional a las transferencias de millonarios recursos del Gore de los Lagos a entidades privadas, los audios son una muestra de que el Gobierno estaba enterado de lo que ocurría.
"Estos audios son una prueba más de que el Gobierno sí estaba en conocimiento de las transferencias que se realizaban a las fundaciones. Esto es un hecho más que se suma a la causa que investiga el Ministerio Público y que, espero, sirva para esclarecer qué pasó con todos estos millones que hoy están desaparecidos", afirmó el parlamentario.
Agregó que "aquí se jugó con la ilusión de dirigentes, vecinos. Según los antecedentes, se mal utilizaron recursos que podrían haber sido destinados a otras necesidades que tenemos en la región y que necesitan atención urgente". Por eso, dijo esperar que la investigación del Ministerio Público derive en aplicar las sanciones a los responsables.
Por su parte, el presidente regional de la UDI y concejal por Puerto Montt, Yerco Rodríguez, puntualizó que "si es tal el caso que la delegada regional ocultó información y no dio aviso formalmente de esta situación, respecto a que el trabajo de la fundación era inviable, sería gravísimo, porque daría cuenta de tener conocimiento y al mismo tiempo, inacción por parte de las autoridades respecto a los hechos que están siendo materia de investigación", precisó.
Una de las interrogantes que planteó además, es si tanto ellas como otras autoridades como del Serviu, Gore y municipio estaban en conocimiento de esta situación. "¿Por qué no tomaron las medidas necesarias para el resguardo de los bienes de uso público? Esa es la primera interrogante que cualquier ciudadano se preguntaría", sostuvo.
En tanto, la consejera por la provincia de Osorno, María Angélica Barraza (UDI) dijo al citado medio que "es increíble como nos vamos dando cuenta cada vez que algunas autoridades tenían conocimiento de esto, de que este programa no se ajustaba a lo que solicitaban en realidad los vecinos del sector".
Senador Espinoza (PS): "Debe dar explicaciones"
Desde el oficialismo, el senador por la región, Fidel Espinoza (PS), se sumó a las críticas sobre las declaraciones de la delegada. "Si tenía esa convicción, ¿por qué no alertó a las autoridades del Gore o del municipio?, ¿por qué solo le dijo esto a la gente y no hizo nada para resguardar los recursos públicos? Ella sabía que con esos $2.400 millones se podían sanear 10.000 títulos de dominio".
Agregó en esa línea que "estas fundaciones estafaron a la región y no sanearon un solo título. Una vergüenza inaceptable. La delegada debe dar explicaciones a estas interrogantes. Yo he valorado su trabajo, pero en el último tiempo, su sesgo e individualismo le están pasando la cuenta".
Diputado Bernales (PL): "Es mañoso vincular una reunión con el Caso Convenios
Quien salió en defensa de la delegada fue su correligionario, diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales. "Me parece mañoso tratar de vincular una reunión que tuvo la delegada con dirigentes, al caso Convenios. La instancia, reconocida por los mismos vecinos, fue de ayuda y de guía para poder aclarar el proceso de saneamiento de sus títulos. No fue nada más que eso", planteó.
