A comienzos de agosto del 2023 el Gobierno ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar la protección de la infraestructura crítica del país. Desde ese entonces, la iniciativa se encuentra congelada en la comisión de Defensa del Senado y el Ejecutivo ha renovado en seis oportunidades la "urgencia simple" para su tramitación, pero aún no se ha registrado ningún avance.
Como este, además, hay distintas mociones parlamentarias, tanto de parlamentarios oficialistas como de oposición.
Las últimas señales del Ejecutivo apuntan a terminar con este estancamiento. El Presidente de la República, Gabriel Boric, reconoció la grave crisis de seguridad que afecta al país, en particular a la Región Metropolitana, y anunció que el próximo lunes a primera hora se reunirá con el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para "poder recibir aportes y comentarios acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional".
De forma paralela, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, comunicó que "lo que le hemos pedido al Congreso Nacional, es que los integrantes de la comisión de Defensa nombren a sus representantes o eventualmente ellos lo pueden hacer directamente, para resolver durante el receso legislativo aquello puntos donde existen diferencias. Algunas son de carácter político otras son diferencias técnicas, de manera de avanzar durante el receso en un acuerdo que permita aprobar esta legislación una vez concluido el receso legislativo".
"Estamos pidiendo que en estas semanas, los equipos técnicos puedan abordar un acuerdo para destrabar esta ley, tal como se ha hecho con la Ley Antiterrorista y otras leyes muy importantes donde al principio habían grandes diferencias y que después fueron aprobadas de manera transversal en el Congreso Nacional", agregó.
Si bien la iniciativa debería sufrir cambios para alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas y las autoridades en materia de seguridad, actualmente el proyecto tiene por objeto establecer los criterios para la determinación de la infraestructura crítica del país, definir los instrumentos de planificación y gestión para su protección, establecer las atribuciones de los organismos del Estado a cargo de su protección, orientar la coordinación entre los distintos actores y establecer las obligaciones de las instituciones públicas y privadas operadoras de infraestructura crítica.
Asimismo, regula las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas en caso de despliegue para la protección de la infraestructura crítica en conformidad con el artículo, asunto que ha despertado grandes controversias entre los parlamentarios.
En particular, un artículo señala que los integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad dispuestas para la protección de la infraestructura crítica deberán guiar su actuación en el uso de la fuerza por por una serie de principios y deberes.
Una de las reglas que establece el proyecto del Ejecutivo tiene relación con el uso de armas de fuego como "último recurso". Estas se podrían utilizar "sólo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales, o pongan en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas, y no pueda reducirse o detenerse a la persona aplicando medidas menos extremas".
"Podrá hacerse uso de la fuerza potencialmente letal cuando, con la intención de dañar gravemente infraestructura crítica, se usaren medios que por su naturaleza sean de amplio poder destructivo y puedan causar estragos, lo que hace presumir que la concreción de su uso causaría los efectos contra la vida e integridad física señalados en el inciso anterior; o como medida extrema procedente solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas para el cumplimiento del deber de protección de la infraestructura crítica en caso de ataque inminente. Deberá evitarse el uso de armas de fuego, especialmente, en presencia de menores de edad", continúe el enunciado.
El debate por el "Reglamento del uso de la fuerza" se abordó el año pasado cuando se aprobó la Ley Naín-Retamal, que instauró la legítima defensa privilegiada a los uniformados. En ese contexto, el Ejecutivo ingresó un texto que establece los principios que deben guiar la actuación de los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas, apegados a la legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad. Esta ingresó a las comisiones unidas de Seguridad y Constitución, pero no salió de ahí.
A su vez, la comisión de Defensa del Senado está tramitando una moción parlamentaria que regula las reglas para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que también se encuentra en primer trámite constitucional.
