El megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso se convirtió en el más voraz en la historia reciente del país, sólo homologable en cuanto a destrucción, con el terremoto del 27 de febrero. Además, 132 personas perdieron la vida, según la última actualización entregada por el Servicio Médico Legal.
El siniestro -cuya tesis de intencionalidad toma fuerza- que afectó en su mayoría a zonas urbanizadas, pero también a campamentos, dejó además unas 6.700 viviendas destruidas, lo que involucra a unas 18 mil familias. Al menos así lo han detallado las autoridades del Gobierno central a cargo de la post emergencia y reconstrucción, cuya labor no ha estado exenta de críticas por las "demoras" en el diseño de un plan para avanzar en este proceso.
¿Qué falló o faltó en prevención y gestión? Esas respuestas son las que buscará conocer la comisión investigadora que se impulsa en la Cámara de Diputados. Hasta ahora, son dos las iniciativas que buscan avanzar en esta línea; la primera, impulsada por el diputado
Tomás Lagomarsino (PR) y Hotuiti Teao (Ind-Evópoli); y la segunda, según anunció, la impulsará el diputado
Diego Ibáñez (CS).
La iniciativa de Lagormasino y Teao ya cuenta con un
respaldo transversal entre los parlamentarios. La intención, comentó el diputado
Andrés Celis (RN) es que "establecer responsabilidades y fallas en las medidas de prevención y evacuación, lo que permitirá evitar cometer errores en el futuro".
Y es que son varias dimensiones de la tragedia que se deben analizar para llegar a algunas respuestas que le expliquen a la ciudadanía "cómo hay 131 fallecidos", según las propias palabras del diputado Lagomarsino, un día antes que el SML confirmara el hallazgo del cuerpo 132.
Según comentó el parlamentario a La Estrella de Valparaíso, son al menos ocho las aristas que se indagarán: "La existencia de planes de prevención de incendios forestales y la ejecución de éstos, previo a la emergencia, la misma evacuación el día D, el número de fallecidos, levantamiento de cadáveres e identificación de éstos, entre otras materias". Para ello, se citarán a distintos ministros de Estado entre otras autoridades, además de dirigentes y otras personas involucradas en los hechos.
Planes de prevención
Uno de los principales cuestionamientos de los parlamentarios es la eventual falta de prevención y errores en el manejo de la emergencia por parte del Gobierno y del Municipio de Viña del Mar, poniendo en duda el trabajo de la alcaldesa Macarena Ripamonti en relación a la materialización de cortafuegos y el plan comunal de emergencia. De hecho, la Fiscalía Regional de Valparaíso ya abrió una investigación sobre este tema.
La semana pasada, un reportaje de Ciper señaló que Viña el Mar no contaba con un Plan de Emergencia Comunal ni un Plan de Evacuación vigente el día que se desataron letales los incendios forestales en la zona.
El municipio se defendió y aseguró en su cuenta de X que "el Plan de Emergencia Municipal está aprobado por el Concejo Municipal, actualizado y vigente hasta el año 2025", y que el instrumento "considera además plan de evacuación para cada amenaza. Durante estos meses se concretó plan de trabajo con más de 58,5 km de corta fuego en la ciudad".
No obstante, el reportaje del medio ya mencionado afirma que el municipio efectivamente tiene activo un "Plan Municipal de Emergencias 2022-2025", el que fue aprobado en junio de 2022. Sin embargo, según Ciper, se trataría de un plan previo que no se ajusta al formato exigido por Senapred.
Problemas con la evacuación y alertas SAE
El punto anterior está ligado con la dificultad que tuvieron los afectados por los siniestros para evacuar, principalmente porque no había instrucciones claras de cómo hacerlo.
En el caso específico de Viña del Mar, este tema es aún más cuestionado, dado que en diciembre de 2022 la comuna ya se había visto afectada por un incendio de magnitud, que en esa ocasión dejó dos personas fallecidas.
Así lo expresó a Emol el concejal UDI, Jorge Martínez. "El hecho de que la comuna de Viña del Mar no cuente con un plan de emergencia ni con un plan de evacuación me parece una gravedad absoluta, sobre todo considerando que hace un año nosotros tuvimos un megaincendio en la ciudad, en el sector de Forestal, el cual dejó casi 400 viviendas afectadas y fue un gran desastre para la ciudad", afirmó.
Pero hay otra dimensión que investigar sobre esta materia: el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Esto, porque algunos damnificados han señalado que recibieron el mensaje, pero correspondían a otros sectores; y otras personas señalaron que las recibieron, pero después de las 19.00 horas, cuando la emergencia ya estaba en pleno desarrollo.
La semana pasada, el propio Presidente Gabriel Boric comentó que "en los recorridos que hemos tenido en los cerros y lo que hemos conversado con la gente, es que las alertas SAE llegaban, y por diferentes motivos, el fuego iba muy rápido, a más de 10 km/h, pero queremos asegurarnos de los sistemas SAE funcionaron, y si no, saber qué pasó".
Por lo anterior, el Mandatario anunció que se solicitó a la Unión Europea que realice una investigación externa de este sistema.
Cifras de desaparecidos y decesos
La elevada cifra de fallecidos producto de los incendios no sólo resulta relevante en si misma, sino que también estuvo atravesada por versiones contrapuestas respecto a la cantidad de personas que se reportaron como desaparecidas luego de la tragedia.
El pasado 4 de febrero, cuando aún no se conocía una cifra oficial por parte de Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid), la alcaldesa Ripamonti dio a conocer una cifra alarmante de desaparecidos producto de los siniestros.
"Tenemos un registro de más de 249 personas desaparecidas", sostuvo la alcaldesa en las primeras horas tras el incendio. Dijo además que "hay cerca de 30 personas que han sido encontradas y de ellas, 17 que se encuentran fallecidas (...) hay 212 personas que todavía están en situación de desaparecidas", expresó. Al día siguiente, aumentó la cifra: "habían más de 400 personas desaparecidas, han sido encontradas 83, más las personas fallecidas, nos da un total de 372", comentó Ripamonti.
En esa línea, explicó que la estimación del municipio fue posible porque estaban monitoreando "el cruce de personas que han sido reportadas como fallecidas, que justamente coincide con las que tiene el Servicio Médico Legal (SML), que son los que dan los datos oficiales".
La noche de ese domingo, la alcaldesa volvió a abordar el tema de los desaparecidos, según los datos de su administración. "Tenemos exactamente los mismos datos que el Servicio Médico Legal en cuanto a personas que han sido encontradas muertas, y eso ha hecho que rebaje nuestra situación de desaparecidos en 190 personas. Tenemos que seguir cruzando datos, pero han bajado esas cifras en torno a las personas que han sido encontradas fallecidas".
El martes pasado, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich afirmó que, de acuerdo al catastro que manejaban, las denuncias por presunta desgracia eran 66 hasta entonces.
El jueves, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, acotó la cifra, y señaló que hasta entonces sólo había 14 denuncias por presunta desgracia. "Las instituciones a cargo de eso son el Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones, y establece instituciones colaboradoras, como el Ministerio de Justicia, a través de la Subsecretaría y el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería y el Servicio Médico Legal. Esas son las únicas instituciones que participan en el proceso de búsqueda de personas, y por eso es tan relevante, porque esto es un mandato de la ley y así establece este procedimiento", aclaró.
"Y, en ese sentido, a todas estas instituciones les llegó un total de 66 denuncias de personas desaparecidas; del total, el día de hoy sólo nos queda por esclarecer 14", sostuvo la autoridad. En esa línea, comentó que de estas 66 denuncias, "hay personas que hemos encontrado con vida y hay otras que lamentablemente hemos encontrado en el Servicio Médico Legal".
Otros factores revisados en comisiones anteriores
La comisión investigadora que se impulsa este febrero no es inédita. Son varias ocasiones en que, luego de grandes siniestros, los parlamentarios se han reunido para buscar responsabilidades políticas y detectar falencias en la gestión y prevención ante estas catástrofes. Por ello, no se descarta que factores que alguna vez ya se revisaron, vuelvan al debate en el Parlamento.
En 2017 también se impulsó una comisión investigadora, esa vez, fue la Democracia Cristiana la tienda que apuntó a la necesidad de evaluar las responsabilidades en el manejo y control de la emergencia que afectaba a las regiones de O'Higgins, Maule y el Biobío. Cuando se hizo la propuesta, los siniestros ya habían consumido más de 120 mil hectáreas.
Entre los resultados de la instancia,-que evacuó un informe de 121 páginas -de las cuales 11 eran conclusiones y propuestas-, se consideró
el tipo de vegetación de la zona.
"Un fenómeno que podría sumarse al conjunto de variables que intensifican los mega incendios es la situación estructural de las plantaciones forestales en el país, caracterizadas por extensas superficies continuas de Pinus radiata y especies del género Eucaliptus, que están generalmente constituidas por masas jóvenes, homogéneas y con muy poco o nulo manejo u ordenamiento silvicultural preventivo, condición que posibilita un aumento de combustibilidad", señala el texto.
Ese año también se detectaron falencias en materia presupuestaria. El informe señalaba que si bien "Chile cuenta con los recursos necesarios para enfrentar situaciones 'normales' de incendios forestales (...) el Presupuesto de la Nación que se destina año a año para hacer frente a estos siniestros es comparativamente inferior a otras Partidas, lo que no se condice con el gran daño que pueden llegar a tener los incendios forestales".
En septiembre de 2022, el Presidente Gabriel Boric lanzó el Plan de "Prevención Mitigación y Control de Incendios Conaf 2023-2024", que contempló un aumento de un 47% en su presupuesto respecto a la temporada anterior. Se habló entonces de un histórico aumento del presupuesto, correspondiente a $148 mil millones.
Es más: el incremento fue de un 97% respecto al presupuesto que existía en la temporada 2021-2022. Así, el plan para este verano contra incendios forestales consideró más de 3.330 brigadistas distribuidos entre Atacama y Magallanes; además, se contemplaron 70 aeronaves, entre aviones y helicópteros con maquinaria y vehículos especializados.
Pero a la luz de la reciente tragedia, la efectiva ejecución de dichos recursos quedó en entredicho. El Colegio de Ingenieros Forestales fue uno de los primeros en salir a cuestionar aquello.
"Conaf cuenta con un histórico presupuesto de 148 mil millones de pesos para el combate de incendios, un 97% mayor que el de la temporada anterior. Este incremento, sin embargo, no ha evitado la tragedia, constituyéndose esta temporada en la con más víctimas fatales de nuestra historia reciente. Esto nos debe llamar a cuestionarnos si estamos haciendo lo correcto. A todas luces se debe revisar la estrategia", sostuvieron en un comunicado.
