Ayer se confirmó el hallazgo del cuerpo del ex teniente del ejército venezolano, Ronald Ojeda Moreno (32), quien fue secuestrado por sujetos que simularon ser funcionarios de la PDI la madrugada del miércoles 21 de febrero, desde el interior de su departamento en la comuna de Independencia.
Los restos del ex militar fueron encontrados dentro de una maleta enterrada bajo una estructura de cemento. ¿El lugar? Una toma en la comuna de Maipú, ubicada en el Camino a Melipilla.
Las características de la toma
La toma en donde se encontró al ex teniente Ronald Ojeda comenzó a materializarse en 2018, cuando se instalaron las primeras viviendas irregulares. El grueso de quienes llegaron, sin embargo, lo hizo durante la pandemia, el año 2020. La administración de entonces habría facilitado el acceso a servicios básicos en el sector.
"Cuando asumimos la alcaldía, ya habían ahí más de 400 viviendas de estructura sólida con conexión a electricidad autorizada por el municipio", dijo a Emol el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic (RD).
Los catastros de la municipalidad señalan que en la actualidad en el sector viven cerca de 600 familias, en su mayoría de nacionalidad haitiana y venezolana.
Los delitos en el sector son frecuentes y han concitado la preocupación de la administración municipal, que ha llevado adelante esfuerzos por aumentar la seguridad, aunque sin demasiado éxito.
"Como municipio hemos desarrollado más de 50 operativos para desalojar viviendas y evitar nuevas instalaciones. Además de interponer querellas contra bandas que generan negocio con la toma ilegal de terrenos. Pero el control del sector se vuelve sumamente complejo por sus condiciones", explicó Vodanovic.
Agregó, en esa línea, que "nuestros equipos han sido agredidos cada vez que se busca intervenir el lugar. Para poder erradicar más de 500 viviendas se requiere un esfuerzo del Estado en su conjunto, algo que hemos solicitado al gobierno anterior y también a este. Esperamos tener acciones concretas cuanto antes".
"Sabemos que en esa zona ocurren frecuentemente hechos violentos, prostitución, situaciones asociadas a drogas y múltiples incivilidades que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos. Además de la toma y arriendo o venta ilegal de terrenos", indicó también.
Dentro de la municipalidad existe una visión clara acerca de la toma: nunca se debió haber permitido.
Vodanovic, además, pidió ayuda para el desalojo de la toma. "Reiteramos nuestro llamado a coordinar acciones para la erradicación de esta toma ilegal, que es foco de violencia y delitos desde hace varios años. Este lunes me reuniré con la delegación presidencial para buscar acciones en esa línea. El Estado debe responder con acciones más que con palabras", indicó.
En su cuenta de X añadió: "Poder desalojar y reubicar a más de 600 familias es una tarea que excede con creces la capacidad legal y logística que tenemos como municipio".
