Héctor Llaitul durante audiencia para conocer condena en su contra. El tribunal le otorgó 23 años de presidio efectivo.
Aton
A 23 años de cárcel fue condenado ayer martes
Héctor Llaitul. Esto, luego que el pasado 22 de abril, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco determinara su culpabilidad de cuatro delitos: hurto, atentado contra la autoridad, y dos relacionados a la Ley de Seguridad del Estado.
En definitiva, la condena son dos años menos de los que pedía la Fiscalía -25- para el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Sobre la condena, el fiscal Regional de La Araucanía, Héctor Garrido, sostuvo esta mañana a Radio Universo que "la sentencia es alta, pero también son muy graves los delitos atribuidos, y el daño que estos delitos producen durante un periodo importante de tiempo, no sólo en La Araucanía, sino que también en el Biobío, en Los Ríos, y Los Lagos. Desde nuestro punto de vista, justifica la imposición de una pena por este monto".
Asimismo, remarcó que la principal imputación dice relación con la
incitación a hechos de violencia, donde Llaitul "no sólo el imputado se queda en sus dichos, sino que realiza acciones bastante concretas para llevar adelante por lo menos una cincuentena de hechos de violencia y atentados que afectaron a numerosas personas".
Consultado por la relevancia de las propias declaraciones de Llaitul y las pruebas encontradas en su celular, el fiscal comentó que "entre sus dichos en diferencias instancias, lo que aconteció durante el juicio y lo que nosotros logramos acreditar, primero, se demuestra que no hay una concordancia: él pretende presentarse como una persona que sólo está encargada de un planteamiento político de una organización, en la que sostiene, además, que participan una cantidad incontable de personas, pero nosotros logramos demostrar que eso no es tan efectivo".
Lo anterior, dijo el fiscal, porque Llaitul "está muy preocupado de las acciones de sabotaje como él las denomina, no sólo de que se lleven a cabo y difundirlas posteriormente, sacar un provecho comunicacional de las mismas. Él es el que se beneficia además de las acciones de sustracción de madera, como cuando él expresa que si no se le hace parte del negocio, entonces él no presta apoyo para la protección".
Consultado por si Llaitul en definitiva es el líder de una "banda", el fiscal planteó que "me atrevo a decir que hay un grupo de personas que él dirige, que comparten su visión, y que su interés es perpetuar una situación de violencia, porque eso es lo que les permite subsistir". Asimismo, Garrido aclaró que los blancos de los ataques de esta organización "no es el gran forestal como sostienen públicamente, sino que los pequeños contratistas forestales".
Reivindicación del sabotaje
"
La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias". Los dichos, de Llaitul, son de julio de 2022, a cinco meses de que el gobierno del Presidente Gabriel Boric asumiera, cuando aún no se producía el quiebre entre el Mandatario y los gestos de no persecución hacia la CAM y su líder.
En mayo de ese año, el Gobierno ya había descartado presentar una querella en contra de Llaitul, y llamó al Ministerio Público a iniciar una investigación por las demandas ya cursadas bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. "
Nuestro Gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones", fue la reflexión que hizo por esos días el Presidente Boric.
Luego de ello, la ex vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afirmó que "no hay que confundir la libertad de expresión con la posibilidad de amenazar a otro de muerte, sabotaje, lesiones, venganzas". Posteriormente, el Gobierno amplió las querellas por Ley de Seguridad del Estado contra Llaitul.
Ayer, tras la sentencia contra Llaitul, el mismo fiscal Garrido precisó que lo que se sancionó fueron los comportamientos del condenado, lo que deja claro que "en democracia, no todas las formas de lucha son válidas", y agregó que "el señor Llaitul le declaró la guerra al Estado de Chile, a personas de La Araucanía y atacó a personas inocentes, trabajadores y víctimas que declararon en el juicio y que dieron cuenta de la afectación que sufrían".
Defensa pedirá nuevo juicio
La abogada Josefa Ainardi, defensa de Llaitul, acusó ayer que la sentencia se enmarca en una "persecución política", y acusó que la Ley de Seguridad del Estado fue concebida con ese fin.
En esa línea, afirmó que recurrirán de nulidad del juicio y que evaluarán interponer acciones ante organismos internacionales.
"Lo que el señor Llaitul sostenía el 8 de enero de 2020, en el sentido de realizar ataques en contra de la industria forestal, se concretó por lo menos en 54 oportunidades que podemos vincular directamente con sus dichos, y eso es mucho más que simplemente perseguir ideas".
Roberto Garrido, fiscal Regional de La Araucanía
Sobre esto, el fiscal Garrido comentó que "es esperable que las defensas tengan que ejercer todos los medios y derechos que están contemplados en la legislación, nosotros esperamos que así sea, no es ninguna sorpresa. Lo sorpresivo sería que no se hiciera, y enfrentaremos esas etapas de recursos de nulidad u otras que vengan en lo sucesivo con los antecedentes que hemos logrado reunir".
En esa línea, el persecutor precisó que las pruebas que se presentaron durante el juicio "demuestran la participación del imputado en las acciones que nosotros describimos son constitutivas de delito, y que van mucho más allá de simplemente una persecución de sus dichos o ideales, sino que de acciones concretas".
"Lo que el señor Llaitul sostenía el 8 de enero de 2020, en el sentido de realizar ataques en contra de la industria forestal, se concretó por lo menos en 54 oportunidades que podemos vincular directamente con sus dichos, y eso es mucho más que simplemente perseguir ideas", añadió Garrido.
Además, precisó que quedó demostrado en el juicio "que él faltaba a la verdad de manera muy notoria, cuando decía que no tenía contacto con las armas cuando tiene fotografías con estas armas, y ningún argumento de la defensa escuchamos respecto a esas pruebas durante el juicio. Es parte de la retórica del imputado, de victimización, a raíz de considerarse él mismo un perseguido político y poner delante de él a todo el pueblo mapuche como una manera de eludir su responsabilidad".
Con todo, el fiscal remarcó que como Ministerio Público no les compete emitir juicios de la actuación política respecto a la victimización de Llaitul. "Eso es una cuestión que no me compete, quienes sostuvieron eso tendrán hoy día que dar cuenta de qué pasó y cuál es su opinión hoy día (...) nosotros no podemos entrar en calificaciones", cerró.
