Complejos días ha debido enfrentar el Ejército de Chile y en especial su comandante en Jefe, general Javier Iturriaga, luego de la fatal marcha de instrucción del pasado 27 de abril en que falleció el conscripto Franco Vargas, y donde otros 45 jóvenes se vieron afectados por un "cuadro viral" en la localidad de Putre, Región de Arica y Parinacota.
El hecho quedó al descubierto luego de que familiares del militar fallecido hicieran la denuncia de forma pública, lo que derivó en la apertura de dos sumarios por parte de la institución castrense, además de una indagatoria de la Fiscalía Militar y otra de la Contraloría General de la República, que pidió un informe sobre la marcha.
En principio, las autoridades del Ejército responsables de la instrucción aseguraron que la actividad se desarrolló con vestimenta y elementos adecuados, y que el deceso de Vargas se debió a un paro.
Sin embargo, después de que los propios conscriptos denunciaran malos tratos y deficiente organización de la marcha, el caso escaló y desde el Gobierno se ordenó el traslado a Arica del subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, para conocer en terreno los detalles del caso.
Cesfam desmiente primera versión
En medio de los antecedentes que poco a poco se fueron conociendo sobre la fatal marcha, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó una denuncia por presuntos delitos de apremios ilegítimos y otros tratos crueles.
De esta forma, la Fiscalía de Arica abrió su propia investigación a la espera de saber si tiene competencias sobre el caso o si éste le incumbe a la justicia militar.
En ese contexto, el médico del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Putre, Aldo Rivera, descartó la versión entregada en primera instancia por el Ejército, afirmando que el conscripto Vargas llegó fallecido al recinto asistencial.
"Se constató que esta persona venía sin signos vitales ni tampoco con respuesta a estímulos ni verbales ni físicos (...) Después de seis ciclos de atención, seis ciclos de reanimación cardiopulmonar, el médico de turno procede a declarar el fallecimiento del conscripto", dijo Rivera.
Diez solicitudes de renuncia
Después de la controversia que se generó por la declaración del Cesfam de Putre, Iturriaga ordenó las primeras bajas de la institución castrense.
Este lunes 6 de mayo, primero fueron relevados de sus cargos el comandante de compañía y el comandante del batallón de instrucción en Pacollo, "porque fueron indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha".
Y un día después, el comandante en jefe sumó otros seis oficiales responsables del entrenamiento: un oficial comandante de sección, tres suboficiales comandantes de escuadra y dos suboficiales.
No obstante, las salidas no quedaron ahí, ya que el miércoles Iturriaga relevó de sus cargos y propuso el retiro de los dos principales mandos militares de la zona: el comandante en jefe de la VI División, general de brigada Rubén Castillo Herrera, y el comandante de Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco", coronel Sebastián Silva.
Ambas renuncias fueron aceptadas por el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien a raíz de estos hechos volvió a subir el tono y citó para el viernes a una reunión en La Moneda al general Iturriaga y a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que den explicaciones.
Mantención de Iturriaga
De cara a la cita en el Palacio de Gobierno, diversas voces del oficialismo emplazaron al Presidente Boric a pedir la renuncia de Iturriaga por su eventual responsabilidad de mando por la marcha.
Pese a esto, tras la cita de ayer el Mandatario ratificó al comandante en Jefe en su cargo, desestimando las solicitudes surgidas de parte de parlamentarios de Apruebo Dignidad.
Dicha decisión fue comunicada por la propia ministra de Defensa Maya Fernández. "El Presidente ha aceptado la propuesta de renuncia del General Castillo y el Coronel Silva, y por último informar que el Comandante en Jefe del Ejército sigue en sus funciones", anunció.
La determinación generó diversas reacciones en el mundo político, donde la oposición coincidió en que Iturriaga debía permanecer, a diferencia del oficialismo donde se vieron distintas posturas sobre el hecho.
