La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
El Mercurio
La Municipalidad de Santiago que lidera la alcaldesa Irací Hassler (PC), presentó un informe técnico en el que rechaza oficialmente la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en el llamado "barrio penitenciario", proyecto anunciado por el Presidente Gabriel Boric en julio.
El documento, que responde a una solicitud del Ministerio de Vivienda y cuenta con 20 páginas, expone los argumentos para oponerse a la modificación del plan regulador de Santiago que permitiría dicha construcción.
Entre los puntos clave del informe, se destaca que el proyecto no se ajusta a los instrumentos de planificación territorial vigentes, no ha sido sometido a un proceso de consulta ciudadana y carece de la documentación adecuada.
Asimismo, el municipio sostiene que la normativa utilizada para justificar la modificación del plan sería inconstitucional y que la construcción del penal tendría un impacto negativo en los ámbitos urbanísticos, sociales y económicos de la comunidad.
El documento también señala que el proyecto no implica simplemente una ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, como se ha planteado, sino que corresponde a la edificación de un nuevo recinto penitenciario, lo cual requeriría la aprobación del concejo municipal.
Además, subraya que la nueva cárcel estaría ubicada en un terreno distinto al de Santiago 1, lo que refuerza la idea de que se trata de un proyecto independiente, según informó La Tercera.
En términos legales, el municipio cuestiona la constitucionalidad de la ley 21.636, empleada para respaldar la modificación del plan regulador, ya que fue aprobada como una ley simple, lo que contravendría las atribuciones establecidas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Según el informe, esta situación vulneraría la autonomía municipal.
Finalmente, el informe advierte sobre las consecuencias negativas que la construcción de una cárcel podría tener para la comunidad, tales como la depreciación de los inmuebles, un aumento en la percepción de inseguridad y la sobrecarga de los servicios públicos.
Aunque la posición del municipio no tiene carácter vinculante, las autoridades locales han manifestado su disposición a recurrir a todas las instancias necesarias para detener el proyecto.
