Jefa de la bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón y diputada Camila Musante (IND-PPD).
Aton
En un clima de creciente tensión por el caso Audios han surgido tres propuestas de reforma constitucional como respuestas para reestructurar el sistema de nombramiento de jueces en Chile.
La diputada Camila Musante (IND-PPD) presentó una iniciativa que ya se encuentra en tramitación en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El inicio de la discusión no estuvo exento de polémicas ya que la ausencia del ministro Cordero en la instancia generó críticas, pese a que el secretario de Estado se había excusado por problemas de agenda.
La propuesta de Musante busca establecer un Consejo Judicial autónomo, compuesto por diecinueve miembros elegidos por diversas instancias, que se encargará de la formación, función disciplinaria y nombramiento de jueces y fiscales. Este órgano, con un mandato de tres años y sin posibilidad de reelección inmediata, pretende garantizar la independencia judicial y promover la carrera judicial, con nombramientos aprobados por mayoría calificada.
Este proyecto está respaldado por los diputados Jaime Araya (IND-PPD), Karol Cariola (PC), Marcos Ilabaca (PS), Maite Orsini (FA) y Raúl Soto (PPD).
En paralelo, la bancada del Frente Amplio se ha reunido con el ministro de Justicia, Luis Cordero, para discutir una propuesta que aún no ha sido formalmente presentada. La idea central de su propuesta es la creación de un consejo autónomo compuesto por un grupo diverso de representantes del Estado y expertos en derecho, destinado a gestionar las designaciones judiciales y prevenir la corrupción y el tráfico de influencias. Esta iniciativa está siendo liderada por la diputada Javiera Morales (FA) quien es miembro de la comisión de Constitución de la Cámara.
Por su parte, Renovación Nacional ha propuesto la creación del Consejo del Poder Judicial, un órgano autónomo que, presidido por el Presidente de la Corte Suprema, se encargará de la designación de ministros de las Cortes de Apelaciones, jueces letrados y otros cargos judiciales.
La iniciativa también modifica el proceso de nombramiento de ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema, estableciendo que serán elegidos por el Presidente de la República de una nómina propuesta por la misma Corte y aprobada por el Senado con una mayoría de dos tercios.
A pesar de la actividad legislativa, el Gobierno ha decidido no patrocinar ninguna de las propuestas. Según el ministro Cordero, el Ejecutivo presentará una iniciativa propia en octubre, que integrará elementos de las propuestas legislativas en curso y reflexionará sobre los debates surgidos en los últimos procesos constitucionales y la propuesta de la propia Corte Suprema.
