Este lunes, mientras se tramita la Ley de Presupuesto para el próximo año, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), emplazó al Gobierno a "tomar acciones drásticamente distintas" para combatir la crisis de seguridad que azota al país, con 37 homicidios durante las celebraciones de Fiestas Patrias.
La jefa comunal sostuvo que la delincuencia "está alterando la vida de todas las personas", lo que -a su juicio- no puede continuar. "Llegó la hora de que se pase a la acción. Los resultados de las medidas que se han implementado por la autoridad a cargo de la seguridad no funcionaron. Por lo tanto, si tú estás buscando resultados distintos en el combate a la delincuencia, se deben tomar acciones drásticamente distintas".
De esta manera, propuso que se implemente una fuerza policial municipal en el "más breve plazo". "Los hechos concretos aquí es que existe un déficit de Carabineros a nivel nacional. A pesar de todos sus esfuerzos, la realidad es que las capacidades operativas de Carabineros están absolutamente sobrecargadas. Y llegó la hora de hacerse cargo de este problema", recalcó, haciendo énfasis en que las policías "necesitan combatir el crimen organizado y los delitos de mayor gravedad", sin embargo, "no puede quedar abandonado el orden y la seguridad local de las comunas".
Si bien "en la práctica los funcionarios de seguridad pública ya están realizando tareas en sus labores de inspección", es necesario "proveerlos de capacidades tácticas y de armamento no letal, al menos en su primera fase de implementación", expresó, agregando que es inaceptable que "solamente los municipios ricos tengan el acceso para costear estos servicios, los que de todas maneras se necesitan implementar con una nueva ley".
De esta manera, solicitó que, en el marco de la Ley de Presupuesto 2025, la cual está actualmente en discusión, se cree un nuevo escalafón especial de policía municipal para todos los municipios de Chile, el que permita contar con funcionarios proporcionales y suficientes para la cantidad de habitantes, además de equipamientos y bases de operaciones financiadas por el Estado de Chile.
