La abogada Ana María Watkins ingresó un recurso de protección en contra los 99 diputados (tanto de oposición como de Gobierno), que rechazaron la cuestión previa de la acusación constitucional del ex ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
El texto, de 39 páginas, fue ingresado por la abogada particular -sin conocimiento del ex magistrado- a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La acción busca dejar sin efecto el juicio político. La jurista le solicitó a la Corte que se "restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a
los recurridos dejar sin efecto la acusación constitucional colectiva en lo que respecta al señor Muñoz".
El recurso apunta a que los parlamentarios tuvieron una "acción arbitraria e ilegal", la que "afecta derechos fundamentales, al negar lugar a la cuestión previa, declarar admisible y, consecuencialmente, admitir a tramitación una acusación constitucional colectiva, interpuesta conjuntamente en contra del Señor Ministro de la Corte Suprema don Sergio Muñoz".
Entre los congresistas sindicados destacan Eric Aedo (DC), Ximena Ossandón (RN), Daniel Manouchehri (PS), entre otros.
Cabe precisar que el juicio político terminó con la destitución del magistrado y la prohibición de ejercer en cargos públicos durante cinco años.
El relato de los hechos
En la acción, la abogada representante sostuvo que la acusación constitucional presentada por las bancadas de Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, "se dirigió en contra de dos personas: del ministro en ejercicio de la Corte Suprema don Sergio Muñoz Gajardo y de la destituida jueza Ángela Vivanco Martínez, acusándolos a ambos de "'un notable abandono de deberes'", por lo cual, respecto del primero, la acusación constitucional perseguía su remoción e inhabilitación y respecto de la segunda, sólo su inhabilitación, puesto que con anterioridad, ya había sido removida de su cargo por la unanimidad de los miembros de la Corte Suprema".
En ese sentido, señaló que uno de los libelos en contra de Vivanco "se dejó de lado, dándose curso a la acusación colectiva, aquella en contra del ministro en ejercicio don Sergio Muñoz Gajardo y en contra de la jueza destituida, quedando dos personas distintas en una misma acusación por hechos diferentes ocurridos en tiempos diversos, sin conexión alguna entre ellos, argumentándose para mantener la acusación colectiva que la causal invocada en contra de ambos era la misma: 'notable abandono de sus deberes'".
Watkins calificó el argumento como "falacia".
La jurista pidió que se deje sin efecto la acusación constitucional y "sus perniciosos efectos, debiendo retrotraerse las cosas al estado anterior a la presentación de la acusación constitucional ilegal, arbitraria e inconstitucional, con expresa condena en costas".
