Más de un impacto ha tenido en el Gobierno el caso Monsalve, quien hoy será formalizado por abuso sexual por sorpresa, violación consumada y violación tentada.
La trama que terminó con el derrumbe de uno de los peso pesados de La Moneda en materia de seguridad, derivó en cuestionamientos por la forma en que el Gobierno procesó la salida de la autoridad. La oposición ha insistido en que el Ejecutivo concedió privilegios al exsubsecretario, al mantenerlo en el cargo, permitirle visitar a su familia y luego retomar actividades oficiales, a más de un día de conocer la denuncia.
Pero en concreto, esta pugna se ha manifestado en diversos quehaceres del Ejecutivo. Recientemente, el caso Monsalve impactó en la tramitación de la Ley de Presupuesto.
Mil pesos
La Cámara, por 70 votos a favor, 63 en contra y tres abstenciones, aprobó este martes una indicación que reduce los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior a mil pesos. La iniciativa fue de la bancada del Partido Demócratas, donde explicaron que el objetivo es esclarecer el uso de gastos reservados de dicha partición.
Esto a días de que el Gobierno haya informado que está investigando un posible mal uso de estos recursos por parte de Monsalve. Así las cosas, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, reprochó la medida adoptada por la Cámara, argumentando que "más allá de la contingencia de un caso en específico, el uso de esos recursos tienen un propósito y el Congreso se encargó de regularlos detenidamente el año 2020".
Ministerio de Seguridad
Otra esquirla que dejó el caso Monsalve se manifestó en la tramitación de la Ley del Ministerio de Seguridad. La comisión mixta que se conformó para resolver la diferencia entre ambas cámaras del Congreso sobre la iniciativa, zanjó reducir potestades que ya se había zanjado para la figura del subsecretario de Seguridad.
En particular, se definió eliminar la facultad de esta autoridad para solicitar informes de inteligencia, reservándose ese poder exclusivamente para el ministro.
La revisión se produjo luego de que trascendiera que Monsalve está siendo investigado por una posible infracción a la Ley de Inteligencia, dada una serie de diligencia que ordenó a la PDI antes que la presunta víctima ingresara la denuncia a la Fiscalía.
Otra consecuencia de la trama, extensiva al Estado, fue el llamado del director general, Eduardo Cerna, a "retiro absoluto" para la jefa de inteligencia nacional de la PDI, Cristina Vilches.
Los argumentos expuestos por la policía fue el "estándar de prudencia necesaria para llevar a cabo las actuaciones en el marco de la ley de Inteligencia". Así se cobró una responsabilidad por las gestiones que Monsalve encargó a efectivos.
Esto ocurre luego de que se conociera que, por orden del exsubsecretario, detectives de la policía civil concurrieran al restorán y al hotel donde fue con la víctima, con el objetivo de levantar las cámaras de seguridad.
Con todo, cabe destacar que el Ejecutivo ha encapsulado las indagatorias del caso en un sumario administrativo que dejó en manos de la Contraloría de la República. En este, se podría detectar más figuras involucradas en el hecho y ante esto, el Gobierno ya ha dado señales de que hará valer las consecuencias.
Este jueves, Cordero sostuvo que el Gobierno, "tiene perfectamente claro, tal como lo ha dicho el Presidente de la República, que no solo en el caso de Manuel Monsalve, sino que cualquier persona que pudiera estar comprometido en hechos constitutivos de delito vinculado a este caso, tiene que responder ante la justicia".
