Con la reposición de los gastos variables del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y tras un arduo debate de por medio, el Senado despachó este jueves la partida 50 del Presupuesto 2025, relativa al Tesoro Público.
En la votación, se respaldaron dos indicaciones que ingresó el Ejecutivo, que recogieron las apreciaciones de la senadora Ximena Rincón (Demócratas) y los senadores Matías Walker (Demócratas) y Luciano Cruz Coke (Evópoli).
La primera, en orden a crear una Comisión Asesora temporal para asesorar sobre posibles modificaciones legales al organismo, en la que participarán integrantes de las comisiones de Derechos Humanos de ambas Cámaras y representantes de la academia.
La segunda, mandata al INDH a emitir informe semestral a las comisiones de DD.HH. y Educación de ambas Cámaras, respecto de la situación de violencia rural en la macrozona sur.
Durante la discusión, los senadores José Miguel Insulza (PS), Walker y Ricardo Lagos Weber (PPD), además de las senadoras Claudia Pascual (PC), Yasna Provoste (DC), Isabel Allende (PS), Fabiola Campillai (ind.) y Paulina Vodanovic (PS) defendieron la necesidad de continuidad del Instituto.
Argumentaron, además, que Chile está adscrito a los principios de París y a todo el marco internacional sobre DD.HH. Se reforzó que es un organismo público y autónomo, integrado con pluralidad.
Se reconoció que se puede "revisar la gobernanza" y valoraron su rol para evitar trasgredir los derechos humanos y se puso de relieve la historia de Chile y la memoria.
Postura contraria replicaron los senadores Rodrigo Galilea (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Rojo Edwards (PSC) y Alejandro Kusanovic (ind.), además de la senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos). Indicaron que "no dudamos de la importancia de contar con la institucionalidad", pero cuestionaron las últimas actuaciones públicas de éste.
"Creemos que el INDH ha demostrado errores e intencionalidades que superan lo aceptable", sostuvieron. Llamaron a "repensarlo", "reformularlo" y "volver a su espíritu original". Asimismo, se cuestionó su imparcialidad, las querellas contra a Carabineros y denuncias de utilización política, entre otras.
Junto con esto, se aprobó una indicación, solicitada por la senadora Provoste, sobre la creación de una mesa técnica, implementada por la Empresa Nacional de Minería, durante el primer semestre del año 2025, con los dirigentes de la pequeña y mediana minería, para revisar las normas y procedimientos destinados a la determinación de la ley del mineral.
Además, se rechazó la eliminación de una glosa, propuesta en la Cámara sobre operaciones complementadas con recursos del INDH. Al respecto, y haciendo eco a lo expuesto por el Ejecutivo, la senadora Pascual anunció reserva de constitucionalidad.
