El informe de la CIDH es el segundo que se elabora sobre Venezuela en particular. El anterior data de 2003, un año después del frustrado golpe de Estado contra Hugo Chávez.
AFPSANTIAGO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su informe titulado "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela", en el que insta al gobierno de Hugo Chávez a adoptar medidas democráticas, y critica contundentemente desde las amenazas y ataques contra la prensa opositora hasta la subordinación del Poder Judicial a la administración del Presidente venezolano.
LA CIDH es una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se dedica a la vigilancia de los derechos humanos, y en su informe analiza, y en cierta forma, recopila, la mayoría de los cuestionamientos hechos a diario al gobierno de Chávez y los problemas que sufre la sociedad venezolana.
Así, la Comisión identifica aspectos que restringen el "pleno goce de los derechos humanos y la democracia en Venezuela" (…), algunos tan serios como que "se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política", en alusión a la oposición al gobierno de Hugo Chávez.
La Comisión es categórica en este punto, y pese a los continuos desmentidos del chavismo al respecto, el informe señala que "los ciudadanos y organizaciones que hacen público su disenso con las políticas del gobierno son víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral y, en algunos casos, incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad. Así, las represalias al disenso han dejado a ciertos sectores de la sociedad sin instrumentos para defender sus intereses, protestar, criticar, proponer y ejercer su rol fiscalizador dentro del sistema democrático".
Se trata del segundo reporte que la CIDH elabora sobre Venezuela en particular, luego del anterior lanzado en 2003, con motivo del frustrado golpe de Estado contra el Presidente Chávez en abril de 2002.
La desigualdad de condiciones electorales también es preocupante. Si bien en Venezuela se celebran elecciones continua y frecuentemente, "existen obstáculos que afectan la igualdad de condiciones de los candidatos de la oposición política para ser elegidos" y, por otro lado, cuando resultan electos, existen limitaciones que perjudican el ejercicio del poder. "La CIDH considera preocupante que, a través de mecanismos como la inhabilitación política de candidatos o la modificación de competencias de ciertas autoridades hasta vaciarlas de contenido, se hayan restringido los derechos políticos a quienes mantienen una línea crítica del gobierno".
Por los puntos anteriores, la CIDH recomienda al gobierno "abstenerse de ejercer represalia o utilizar el poder punitivo (…) para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política".
Libertad de expresión
El órgano de la OEA analiza seis aspectos de los DD.HH., uno de ellos es la libertad de expresión. "(…) en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres".
También llama la atención sobre la ambigüedad de las leyes que regulan los medios y que pueden ser interpretadas por el gobierno e incluso encarcelar a periodistas.
La Comisión describe numerosas agresiones sufridas por trabajadores de medios de comunicación, y analiza los casos de los canales de TV opositores como Globovisión y RCTV.
En sus recomendaciones, la CIDH pide a las autoridades evitar descalificar públicamente a los medios opositores para evitar así ataques contra éstos, además de adoptar las "medidas necesarias para proteger a los comunicadores sociales".
El difuso límite entre los poderes del Estado es otro punto que preocupa. "La CIDH analiza una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela", se lee en el documento de más de 300 páginas. En particular, se refiere a la dependencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, lo que le impide cumplir su labor de manera imparcial, y le sugiere al gobierno que impulse la elección independiente de jueces y magistrados.
Entre los problemas del "día a día" que padece la sociedad venezolana, la CIDH destaca la violencia y la delincuencia "que afectan la vigencia de los derechos humanos en Venezuela". Aquí incluye tanto los abusos de "agentes estatales" como "homicidios, los secuestros, el sicariato", del crimen común.
También cuestiona aspectos menos conocidos como las malas condiciones de los presos en las cárceles, falencias en derechos sindicales o la violencia contra la mujer.
Puntos a favor: la disminución de la pobreza, el aumento del índice de la alfabetización, el acceso a la salud, entre otros.
De esta forma, la Comisión concluye que "la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado frente al Ejecutivo, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo por parte de las organizaciones de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la violencia que afecta a las personas privadas de su libertad, a sindicalistas, a mujeres y a campesinos, y sobre todo la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, son factores que limitan seriamente la vigencia de los derechos humanos en Venezuela".
Así, la CIDH recomienda que "el Estado debe aumentar sus esfuerzos para combatir estos desafíos y alcanzar una mejor y más efectiva protección de los derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".