Tricel confirma destitución de alcalde de El Tabo

SAN ANTONIO.- El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó la destitución del alcalde de El Tabo, José Pérez García (UDI), quien estaba fuera de su cargo tras el fallo del Tribunal Electoral de la Quinta Región, que en mayo pasado lo suspendió bajo los cargos de faltas graves al principio de probidad administrativa y notable abandono de deberes.

La acusación fue presentada en abril de 2006 por los concejales de la comuna Jaime Bravo (PS), Marco Núñez (PRSD), Emilio Jorquera (Independiente ex UDI) y Fernando Sariego (DC).

Según confirmó el concejal Jaime Bravo a radio Digital FM, el Tricel destituyó al alcalde Pérez en una votación de 3 votos a 2, la que se les habría notificado a las 14:00 horas de este martes.

Además, el concejal PS dijo que en los próximos días se realizará la elección del nuevo alcalde de El Tabo. El cargo hasta ahora es ocupado en forma suplente por el ex UDI, Emilio Jorquera Romero.

En un comunicado, la Municipalidad de El Tabo reconoció el fallo del Tricel y confirmó que "el alcalde suplente en los próximos días deberá presidir el concejo extraordinario en que se elegirá al alcalde titular que ocupará el sillón edilicio hasta fines de 2008, cargo que podría ocupar el mismo actual edil suplente".

El informe del municipio también aclara que "en la resolución inapelable votaron los cinco jueces integrantes del Tricel Nacional, el ministro Ricardo Gálvez Blanco, Alberto Chaigneau del Campo, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña y Luis Fernando Luengo Escalona".

El texto agrega José Pérez García, "culpable por faltas graves al principio de probidad y notable abandono de deberes" fue destituido del puesto que ocupó desde 2004, "estando además inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de cinco años".

La historia

El dictamen del Tribunal Electoral Regional de abril pasado suspendió a José Pérez García por 3 votos a cero.

Al ex jefe comunal se le imputan compras irregulares (vehículos, camiones, camionetas, contenedores y una serie de recursos del municipio) sin la autorización del concejo, cambios de proveedores y en el presupuesto municipal, pese a las indicaciones de la Contraloría y que involucran montos por sobre el 25% del presupuesto 2005.

Las acusaciones también se refieren a dejar sin efecto infracciones por construcciones irregulares y contratar a un hijo del concejal Evaristo Avilés, contraviniendo la Ley de Probidad Administrativa.