Propuesta constitucional de Frei contempla mayores atribuciones para el Congreso

VALPARAÍSO.- Lograr un mejor equilibrio entre el Presidente de la República y el Poder Ejecutivo es el punto central de la propuesta de reforma a la Constitución expuesta este miércoles por el senador DC Eduardo Frei, ante la Comisión de Estudio del Régimen Político Chileno de la Cámara de Diputados.

Entre las 37 modificaciones a la Carta Fundamental entregadas por el ex Mandatario de cara al Bicentenario se encuentran: reforzar las capacidades de asesoría técnica del Congreso, equilibrar las atribuciones legislativas de ambos poderes del Estado, eliminar la incompatibilidad entre el cargo de Parlamentario y el de ministro y reforzar las atribuciones de la Cámara Alta, con el objeto de que "éste sea un lugar de deliberación política del más alto nivel, como lo fue en buena parte de la historia de Chile".

A su vez, en beneficio del gobernante planteó, aumentar el periodo presidencial a 5 o seis años y otorgar al Presidente de la República la facultad de disolver las Cámaras y llamar a elecciones parlamentarias generales por una sola vez durante su mandato.

En orden a mejorar la gestión del Poder Ejecutivo sugirió fusionar el Ministerio del Interior y la Secretaría General de la Presidencia, como una sola cartera dedicada a las materias políticas, lo que permitiría mejorar el diálogo entre el gobierno y los parlamentarios.

Propuso además la realización de primarias obligatorias para todos los cargos de elección popular. Con este punto buscará zanjar las disputas respecto a las reelecciones de los legisladores.

También planteó terminar con las barreras de entrada a la política, estableciendo el voto voluntario y la inscripción automática para incluir en la ciudadanía efectiva a todos los chilenos, independiente de si viven en Chile o el extranjero o de su afiliación política.

Su iniciativa también contiene una propuesta potente de regionalización política y administrativa que crea un nuevo gobierno regional y un alcalde mayor que son elegidos de modo directo y concejos comunales con nuevas atribuciones. A ello se suma una política pública y privada de ocupar todo el territorio nacional.

En esa línea sostuvo que las empresas del Estado deberán localizarse en provincia y deberán otorgarse incentivos tributarios para que las empresas privadas sitúen sus casas matrices en las diferentes regiones del país. También se establecerá una política similar con los organismos de defensa y con las universidades, institutos o centros de formación técnica.

En cuanto a los derechos y garantías individuales, la reforma contempla una nueva concepción de los derechos fundamentales que refuerce los derechos económicos y sociales y que consagre a nivel constitucional que la pobreza es contraria a los derechos humanos.

En relación al sistema electoral, propuso terminar con la exclusión de las minorías, remplazar el sistema binominal por uno que establezca una efectiva representación de los chilenos e introducir la idea de otorgar representatividad parlamentaria a todos los grupos que superen el 5% de la votación aunque no obtengan la mayoría en ninguno de los escaños al Parlamento.