A dos días de la filtración borran los archivos con datos de seis millones de chilenos

SANTIAGO.- Pese a que la alerta por la filtración en Internet de bases de datos con antecedentes de seis millones de chilenos se dio en la madrugada del sábado, sólo hoy fue deshabilitado el link desde donde originalmente se podían descargar los tres archivos que contenían dicha información.

Al tratar de ingresar a las tres direcciones del popular sitio de almacenamiento en línea "Rapidshare", éste entrega un mensaje en inglés que indica que hubo un problema y que "el archivo está bloqueado porque se sospecha que puede tratarse de contenido ilegal".

Más adelante asegura que "siete días después de que el archivo es bloqueado, será automáticamente borrado si es que antes no ha sido removido por Rapidshare".

La filtración de datos, que se hizo pública la madrugada del sábado, se trata de registros de nombres de personas, números de RUT, direcciones, teléfonos comerciales y particulares, correos electrónicos e información académica y social obtenida desde la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), el Servicio Electoral (Servel), el Ministerio de Educación (Mineduc), el sitio PSU 2005 y registros telefónicos.

Ayer el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, declaró que esto es un tema "grave y delicado", por lo que espera que los sistemas informáticos de la administración pública sean resguardados en el corto plazo. Asimismo, reconoció su ignorancia respecto de los temas informáticos, y dijo que al Gobierno "lo único que le queda por hacer es una denuncia al Ministerio Público, porque eso es un delito".

Actualmente la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones está tratando de determinar el origen y la calidad de la información obtenida por el o los "hackers".

Por ello ayer el Cibercrimen se contactó con las tres principales reparticiones públicas afectadas por la presunta filtración: la Dirección General de Movilización Nacional, el Servicio Electoral y el Ministerio de Educación, a quienes se les solicitó precisar la calidad de la información filtrada y si ésta habría sido efectivamente sustraída desde los servidores informáticos de las mismas.

Hasta ahora sólo ha trascendido que la policía habría determinado que parte de las bases de datos serían antiguas; es decir, no actualizadas y públicas.