Carlos Cerda Fernández —el magistrado que dio un golpe judicial en el caso Riggs al procesar y ordenar la detención de la viuda, los cinco hijos y 17 colaboradores cercanos del fallecido general (r), Augusto Pinochet— es un abogado de 63 años con una trayectoria no exenta de polémicas: A mediados de los ’80, y como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, procesó a medio centenar de militares activos y en reserva (todos miembros del Comando Conjunto) por la desaparición de diez militantes comunistas en la Cuesta Barriga.

Sin embargo, su decisión fue frustrada por la Corte Suprema, que incluyó el fallo bajo la Ley de Amnistía. Además de tener que pedir perdón para evitar que lo expulsaran, el magistrado recibió una sanción de cuatro meses, se le abrió un cuaderno de remoción y bajaron sus calificaciones. Pero también fue destacado como un defensor de los Derechos Humanos.

Volvió a acaparar titulares cuando recibió el caso Riggs después de que el ministro Sergio Muñoz fue ascendido a la Corte Suprema, el año 2005. Algo que, justamente por su polémico perfil, el juez Cerda no ha podido lograr: En 2006 el Senado rechazó su nombre para integrar el Máximo Tribunal.

Sin embargo, su labor también ha recibido elogios, y premios. Uno de los más recientes fue el que le otorgó la Fundación Gruber por su relevante actuación en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por el que recibirá en Nueva York alrededor de 88 millones de pesos.