Fitch Ratings decidió degradar desde A hasta A- la clasificación soberana de Chile, por el debilitamiento de las finanzas públicas debido a las mayores demandas sociales, generadas tras el estallido social y la pandemia del covid-19.
"La rebaja refleja el debilitamiento de las finanzas públicas a raíz de las presiones seculares para aumentar el gasto social a raíz de las protestas a gran escala en octubre-noviembre de 2019, que se han visto agravadas por la recesión económica precipitada por la pandemia de coronavirus", dijo la agencia en su reporte de clasificación.
En este contexto, Fitch pronostica que la carga de la deuda pública seguirá aumentando en el mediano plazo, dadas las perspectivas de crecimiento de tendencia más baja de Chile y las dificultades para consolidar sus cuentas fiscales en medio de un fuerte calendario político y presiones sociales.
"Ha habido un deterioro en las finanzas públicas de Chile desde 2019 como resultado de las protestas sociales y la pandemia de coronavirus que llevaron a un aumento del gasto y un shock cíclico de ingresos. Fitch proyecta un déficit fiscal del gobierno central de 8,5% del PIB en 2020 y 5,1% del PIB en 2021, en comparación con el 2,8% del PIB en 2019 y 1,7% en 2018", profundizó la agencia en su análisis.
Según Fitch, "el gobierno se centró en la racionalización del gasto y mejoras en la administración tributaria para consolidar su posición, pero descartó cualquier tipo de nueva reforma tributaria que probablemente sea necesaria para mejoras estructurales en su último año en el cargo".
En esa línea, la entidad comentó que "el Gobierno tiene la intención de establecer una comisión para estudiar las reducciones de exenciones de
impuestos junto con un estudio del FMI y la OCDE, que podría generar ahorros fiscales adicionales, si se implementa, bajo la próxima administración, que asumirá el cargo en 2022".
"No se pueden descartar propuestas legislativas que permitan retiros adicionales de fondos de pensiones privados. Si bien amortiguaron el golpe económico, tales medidas se promulgaron a pesar de las objeciones iniciales del Ejecutivo y han reducido la previsibilidad de la formulación de políticas de alta calidad de Chile y exacerbado el problema relacionado con las tasas de reemplazo de pensiones relativamente bajas, que fue una de las áreas clave de las quejas públicas destacadas durante las protestas de 2019"
Fitch Ratings
Dado lo anterior, Fitch proyecta que la deuda del gobierno general/PIB aumentará al 34% en 2020, frente al 28% de 2019 y el 25,6% de 2018, debido a los mayores déficits fiscales y la contracción económica, pero atenuado por una reducción significativa de los activos soberanos de casi US$8.800 millones.
No obstante, la agencia prevé que la deuda aumentará al 37,4% del PIB en 2021, todavía muy por debajo de la mediana `A` del 56%, pero ha convergido con la mediana `A` como porcentaje de los ingresos (170%).
"Los activos líquidos, incluido un fondo de estabilización con el 3% del PIB en activos, confieren flexibilidad financiera adicional, pero el gobierno tiene la intención de utilizar US$3.400 millones de su fondo de estabilización en 2021 (estimado en US$7.600 millones en el año 2020) para financiar y prevé nuevas reducciones en los próximos años, que reducirán los colchones fiscales", agregó.
PIB y retiro del 10%
Con todo, Fitch estima que el PIB de Chile se contraerá 5,8% en 2020, debido en gran parte a los severos bloqueos para controlar la propagación del coronavirus y la recesión global, antes de un repunte del 4,5% en 2021.
De todas formas, la agencia reconoció que el retiro de los fondos de pensiones ayudó a respaldar el consumo y llevó a una revisión al alza de su pronóstico de crecimiento para 2020, desde el -6,5% que estimaba previamente, aunque alertó sobre el riesgo de dichas medidas.
"No se pueden descartar propuestas legislativas que permitan retiros adicionales de fondos de pensiones privados. Si bien amortiguaron el golpe económico, tales medidas se promulgaron a pesar de las objeciones iniciales del ejecutivo y han reducido la previsibilidad de la formulación de políticas de alta calidad de Chile y exacerbado el problema relacionado con las tasas de reemplazo de pensiones relativamente bajas, que fue una de las áreas clave de las quejas públicas destacadas durante las protestas de 2019", concluyó la entidad.