Aunque va con el oficialismo por el En contra en el plebiscito constitucional, la Democracia Cristiana decidió separar aguas con los partidos de Gobierno en lo que respecta a la campaña por el En contra.
El Partido decidió apostar por un relato propio para una audiencia que perfilan como la clase media trabajadora. "El ciudadano que paga las cuentas" y el que "educa a sus hijos en un colegio particular subvencionado", ejemplifican, marcando una diferencia al electorado por el que apuesta, principalmente el Frente Amplio.
El contenido será exhibido en una franja propia de la DC y el rostro visible del comando -que también será propio- será la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao.
La idea de separar aguas, dicen al interior del partido, estaba zanjada antes de que la colectividad definiera su posición institucional sobre el plebiscito del 17 de diciembre. La noche de este martes, la DC anunció que con un 92,3% de los votos (192 delegados) versus un 7,69% (19), se inclina por rechazar la propuesta redactada por el Consejo Constitucional.
Desde la vereda del oficialismo, dicen haber sabido que la DC no estaba por articular las campañas. No obstante, señalan que se tenderán puentes entre ambos comandos para establecer ciertas coordinaciones, como puede ser, previsiblemente, el despliegue territorial.
"El timing" para los partidos de Gobierno, también es un elemento clave. Según indican, los momentos fuertes de la campaña se dejarán para después de la Teletón y de los Juegos Panapanamericanos, que es lo que estará concentrando la atención de la ciudadanía. "No puedes quemarlos ahora", indica un dirigente de partido, sobre los "platos fuertes" del En contra.
El contenido de la campaña
El relato de la campaña se basará en las observaciones al proyecto de nueva Constitución que elaboraron los constitucionalistas de la DC, quienes plantearon mediante un documento que la propuesta es partinasa, programática, contradictoria, populista, ineficiente e ineficaz.
Por ejemplo, se señala que el texto es contradictorio porque "al tiempo que proclama el Estado Social y Democrático de Derecho, luego limita su alcance hasta desfigurarlo, profundizando el Estado Subsidiario Neoliberal, segregando por ingreso en el goce de derechos sociales como la salud, las pensiones y la educación, al tiempo que se cuestiona la actuación del Estado, lo que en la práctica hará imposible ejercer dichos derechos a la gran mayoría de los chilenos".
También, se indica que es partisano, "porque acomoda sólo a las derechas del país, con opciones conservadoras en materia de provisión de derechos económicos, sociales y culturales, limitando derechos de las mujeres, no consagra los derechos de los niños y los deja excesivamente a merced de la voluntad de sus padres, limitando la posibilidad de protección estatal de niños abusados, y porque impone deberes morales impropios de un Estado laico".
Del mismo modo, se crítica que la propuesta es populista "porque está plagado de promesas (como más seguridad ciudadana; protección a las víctimas; freno a la inmigración ilegal; y goce de derechos sociales) que no se materializarán con la entrada en vigencia del propuesto texto".
El documento sobre las observaciones está firmado por Juan Ignacio Alarcón, Jorge Correa, Javier Couso, Gonzálo García, Augusto Quintana, José Ignacio Núñez, Edgardo Riveros, Esteban Szmulewicz, Elisa Walker y Andrés Zaldívar.
