El homicidio de un menor de 5 años ocurrido en la comuna de Padre Hurtado, sumado a otros hechos de violencia, han encendido el debate político sobre la crisis de seguridad. Reactivando de paso el tema en la campaña por el
Plebiscito.
"Espero sinceramente, por las víctimas y por los chilenos y chilenas, que nadie en su sano juicio trate de aprovecharse de este tipo de actos para sacar pequeñas ventajas políticas, ni para hacer ningún tipo de campaña", dijo ayer el Presidente Gabriel Boric, en medio de su gira por la Región de Los Ríos.
Esto a pocas horas de que el Partido Republicano lanzara, bajo el eslogan "#ChileSinMiedo", el primero de cinco videos recreando hechos delictuales como encerronas, el hallazgo de cadáveres descuartizados, secuestros y robos. Todas situaciones que aseguran estar basadas en la realidad y que busca combatir la nueva Constitución.
El ex presidenciable de republicanos José Antonio Kast, salió al paso a los dichos del Mandatario, afirmando en su cuenta de X que "al Presidente Boric le molestó este video sobre una encerrona, porque los hechos tristemente son una realidad en nuestro país. En vez de quejarse, haga la pega, los chilenos quieren #VivirSinMiedo".
Es que republicanos y el resto de la oposición han hecho de este tema una de sus principales banderas, asegurando incluso que ésta es "la Constitución de la seguridad", debido a la gran cantidad de normas que abordan la problemática e incluso capítulos enteros dedicados a la materia en la propuesta constitucional.
De hecho, a lo largo de estos meses el A Favor se ha encargado de difundir los avances que el texto representaría en el tema para ayudar a combatir la delincuencia y el crimen organizado, que acusan no es prioritario para el Gobierno.
Y pese a que ha sido la discusión sobre los derechos de las mujeres lo que se ha tomado el debate constitucional en los últimos días, impulsada por el En Contra, en la oposición esperan que a la hora de votar finalmente sea la seguridad la que incline la balanza.
El académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, consideró que el tema seguridad "será un factor crucial (en la elección). Producto de la delincuencia se ha generado una serie de hechos de alta conmoción pública y eso puede atraer al mundo de los indecisos hacia la opción A Favor. Si bien las encuestas son categóricas respecto al triunfo del En Contra, no es descartable que el A Favor pueda acortar distancia en un contexto de alta convulsión. El gobierno enfrenta no sólo la crisis de delincuencia, sino que también está acorralado por la crisis de corrupción derivada de Democracia Viva".
Con ello, opinó que efectivamente para un grupo de votantes sí será algo decisivo, por sobre el tema mujer, "especialmente en aquellos que han sido víctimas de actos delictuales o que tienen una alta percepción de delito. Es posible que toleren un retroceso en los derechos de las mujeres a cambio de una oferta de mayor seguridad".
Para el académico de la facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Kenneth Bunker, "solamente mirando lo que hace el Gobierno y lo que hace la oposición, la seguridad está al centro, es un tema que es muy importante, incluso el Gobierno ha hecho varios eventos en el último mes con respecto a lo mismo. Es un factor importante, no es solamente un tema de los delitos que están aumentando, de que cada vez hay más violencia (...) sino que la gente lo siente y eso influye en la votación. Influyó en el primer Plebiscito y también lo hará ahora"
Respecto a qué pesará más si la seguridad o el tema mujeres, Bunker planteó que éstos "corren por carriles separados, porque si uno piensa como se comportan los votantes hay determinantes que son racionales y que responden a factores de corto plazo como la delincuencia y la economía. Y hay otros factores que son más de largo plazo y tienen que ver con la ideología, por ejemplo, si tú estás en un sector político algunos temas van a ser más importantes. En ese caso creo que para el Plebiscito va a ser más importante el tema de la delincuencia, porque es lo que logra mover más votantes indecisos".
Los énfasis del texto
En ese contexto, es relevante detallar cuáles son las normas que propone el texto en materia de seguridad. Así, por ejemplo, el artículo 9 habla de que "es deber del Estado resguardar la seguridad de la población, promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional".
Y agrega que "es obligación fundamental del Estado y la comunidad política trabajar por la paz social. El orden constitucional supone el uso de métodos pacíficos de acción política".
Por otra parte, el artículo 15 habla de que "el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación. Una ley de quorum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad".
Pero además el artículo 20 plasma "el derecho a vivir en un entorno seguro. Es deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada".
Por otra parte, el artículo 123 precisa que corresponderá "a la ley determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal. Se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley".
También se plantea como atribución del Presidente de la República, el "disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los ministros a cargo de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que deba ser protegida, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución. La protección comenzará a regir desde la fecha de su publicación".
Otra norma estipula además que "el estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna, grave conmoción interior o acto terrorista, serán declarados por el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente".
Los proyectos del Gobierno
Molestia causó en la oposición el anuncio hecho hace semanas por el Presidente Boric, respecto a una iniciativa que transforma las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Desde el A Favor, acusaron una maniobra de campaña, pues el órgano viene incluido en la nueva Constitución e incluso desarrollado en un capítulo completo.
En la propuesta se detalla que "el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas es un organismo dotado de personalidad jurídica, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente. Se vinculará con el Presidente de la República a través del ministerio que tenga a su cargo las relaciones con el Poder Judicial".
"Su objeto será garantizar el derecho de acceso a la justicia. En su funcionamiento, procurará poner a las personas en conocimiento de sus derechos, así como de los medios para ejercerlos", se lee.
Según se señala en el texto, la Defensoría "tendrá por objeto procurar que las personas naturales víctimas de delitos sean debidamente asistidas. Para tal efecto, la Defensoría deberá: Dar orientación, asesoría y representación jurídica a las víctimas de delitos, especialmente en lo relativo a la persecución penal de los delitos y en la interposición de acciones tendientes a obtener la reparación del daño causado".
Además, ésta deberá "entregar orientación, asesoría y acompañamiento psicológico y social y otorgar atención especializada e integral, evitando la revictimización" y "elaborar planes, políticas y programas que tengan por objeto asegurar el oportuno y adecuado ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas".
En el mes de septiembre además el Gobierno ingresó un proyecto de ley -refundido con una moción de senadores de RN- que crea la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, al interior del Ministerio Público.
El órgano viene también incluido en la nueva Constitución, así en el artículo 178 se señala que "el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía Nacional que dirigirá su trabajo a través de una Fiscalía Supraterritorial, fiscalías regionales y estas a través de fiscalías locales".
La Fiscalía Supraterritorial, tendrá "competencia a nivel nacional, a la cual le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad. La organización de la Fiscalía Supraterritorial y los delitos que esta persiga serán determinados por el Fiscal Nacional, de acuerdo con la ley institucional, habiendo oído previamente al Consejo de Coordinación Interinstitucional".
Ésta además "deberá actuar de manera coordinada con las fiscalías regionales. Las contiendas de competencia que se susciten entre estas últimas y la Fiscalía Supraterritorial serán resueltas por el Fiscal Nacional".
Migración
Uno de los tópicos que más atención ha acaparado en el último mes ha sido la migración irregular, debate en el cual oficialismo y oposición se han achacado responsabilidades. Centrándose en las cifras de las expulsiones de extranjeros que han cometido delitos.
Así mientras la campaña del A Favor exponía en su franja mensajes como "es un texto que le pone freno a la inmigración descontrolada" y "cuando expulsamos a los que vienen a cometer delitos gana la democracia". El En Contra ha buscado contrarrestar esos mensajes y en paralelo, el Gobierno ha intentado tomar el control de la agenda intentando llevar adelante algunas expulsiones.
¿Pero qué señala el texto? Allí se establece que "la ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Todos los procedimientos y medidas regulados por dicha ley deberán llevarse a cabo con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile".
Con ello, se agrega que "la ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. Se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen, cuando así corresponda de conformidad con la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
Sin embargo, también se aclara que "no se aplicarán las disposiciones del párrafo precedente en los casos de refugio, asilo o protección, expresamente contemplados en la ley, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute, con ánimo de lucro, el ingreso ilegal de personas al territorio de la República incurrirá en las sanciones que determine la ley".
No obstante, otras de las innovaciones sobre migración se ubica en las disposiciones transitorias. En la trigésima sexta se habla de lo que será una Policía Fronteriza que cuide la seguridad de las fronteras, las cuales se han visto colapsadas en los últimos años por el flujo migratorio.
"Dentro del término de cinco años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República deberá ingresar un proyecto de ley que creará una Policía Fronteriza que será encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales en la forma que determine la ley institucional. Dicha policía se coordinará con los organismos públicos relacionados al control fronterizo para el cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de las facultades de la Fuerza Aérea y de la Autoridad Marítima, respecto de la frontera aérea y marítima", se precisa.
