El presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido.
Patricia Marchetti, Emol
SANTIAGO.- Este viernes se dieron a conocer las actas de la controversial resolución del Comité de Ministros del 21 de agosto pasado, en el cual se decidió rechazar, por tres votos a favor y dos en contra, la construcción del proyecto minero-portuario Dominga.
Así, este sábado, el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, ya contando con la resolución del rechazo, señaló que "Dominga está más vivo que nunca".
"Quiero contarles una buena noticia", dijo sonriente Garrido. "Hemos hecho una revisión preliminar de la resolución y el acta y estamos muy contentos porque vemos que se reiteran las arbitrariedades y las ilegalidades y discrecionalidades que se han dado en todo este proceso", recalcó desde la oficina de la empresa.
De esta forma, "por el contrario de lo que dice el ministro Mena (Medio Ambiente), de que estaría muerto, yo les digo que el proyecto está más vivo que nunca", reiteró.
Según el presidente ejecutivo, los fundamentos a la negativa de la iniciativa minero-portuario "reitera la ilegalidad con que se ha tratado el proyecto y que ha significado que dos ministros (Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes) hayan tenido que renunciar para no hacerse parte de este proceso ilegal".
De esta forma, la empresa confirmó que en un plazo no mayor a 30 días presentarán su demanda ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, en donde esperan sea declarado ilegal "lo que ocurrió en el Comité de Ministros y lo que ocurrió en la Comisión regional y, por lo tanto, va a solicitar que se reinicie el proyecto".
"Creemos que tenemos sobre el 90% de que el Tribunal va a revertir la decisión y por lo tanto va a volver a la Comisión regional y va a volver a evaluarse este estudio de impacto ambiental", agregó Garrido mostrando los informes del estudio con más de 40 mil páginas.
Así, la empresa del proyecto que contempla una inversión de US$2.500 millones, una producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro, 150.000 toneladas de concentrado de cobre y una vida útil de casi 27 años, espera que en marzo ya puedan contar con el fallo del Tribunal Ambiental.
Para entender el inicio del conflicto
Cabe recordar que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó la aprobación del proyecto a través de un informe, sin embargo, a pesar de contar con el visto bueno del SEA, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, integrada por 12 organismos técnico, rechazó la construcción de Dominga en una estrecha votación en marzo de este año.
"Estrecha", porque, en primera instancia tuvo un empate de seis votos, pero según las normas que rigen a la Resolución de Calificación Ambiental, fue el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, quien tuvo que tomar la decisión final: el rechazo.
Así, el proyecto pasó al Comité de Ministros luego de se presentaran cinco recursos de reclamación por el fallo de la Comisión de Evaluación de Coquimbo, que había calificado como ambientalmente desfavorable el proyecto.
De esta forma, serían los representantes de seis carteras (Medio Ambiente, Economía, Minería, Salud, Energía y Agricultura), liderados por el ministro Marcelo Mena, quienes ratificarían, o no, la decisión de la comisión regional.
La polémica comenzó el viernes 18 de agosto, cuando Medio Ambiente informó a los otros Ministerios del Comité que el lunes 21 se votaría respecto a Dominga a las 07:30 horas.
Plazo que hizo que Luis Felipe Céspedes (Economía) dejara la instancia minutos antes de la votación ya que, según argumentó, no tuvo el tiempo necesario para leer los informes de la iniciativa minera. De hecho, según el acta de la reunión, quedó constancia de que el ministro pidió posponer la votación pero éste le fue negado ante la "emergencia" de la situación.
De ahí en adelante, el tema escaló de lo técnico a lo político y terminó con la salida de todo el equipo económico de La Moneda, encabezado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien fue "desautorizado" por la Presidenta Michelle Bachelet tras una serie de comentarios cruzados al interior del Gobierno.