Queda Dominga para rato, al menos dentro de la burocracia intitucional. Es que -a las acciones legales ya en curso- podrían sumarse otras, desde las distintas partes, dilatando la resolución final, e incluso formando un "bucle".
El rechazo de ayer del Comité de Ministros, integrado por subrogantes, al proyecto minero-portuario, motivó, de hecho, el anuncio de posibles acciones legales por parte de la dueña, Andes Iron, "confiando en que próximamente podrá desarrollar Dominga".
Todo, mientras aún resta conocer qué resolverán el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y la Corte Suprema con respecto a esta votación. Y qué ocurrirá con los recursos de casación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones civiles para anular el fallo del Tribunal que declaró ilegal la votación del 2023 del Comité de Ministros, instancia en la cuál también se rechazó Dominga.
Esta situación, de recursos paralelos, "no es deseable", dice a El Mercurio Iván Poklepovic, director del área Ambiental y de Recursos Naturales de Aninat Abogados. Es que un sistema institucional ambiental requiere "mayor certeza jurídica y pronta resolución de los conflictos ambientales", asegura.
Lo que sigue y las posibles demoras
Son al menos cuatro los actores que pueden intentar influir en el destino de Dominga: Andes Iron, el Gobierno, ONG's civiles y ambientalistas, y la comunidad o sindicatos a favor del proyecto.
El paso inmediato, dicen especialistas, es la notificación y elaboración formal del acto administrativo que rechazó el proyecto, por parte del Ejecutivo. Esto, en uno de sus escenarios, podría implicar una primera demora.
"Debiera ocurrir en los próximos meses, con todos sus motivos y fundamentos", dice Christian Rojas Calderón, profesor Asociado de la Universidad Andrés Bello.
Edesio Carrasco, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo pone un énfasis, justamente, en cuánto podría ser la demora. "El Gobierno puede tomarse 6 a 8 meses en sacar la resolución que materializa el acuerdo de ayer. Con eso, bloquean al proyecto", sostiene.
Recalca, en todo caso, que en un escenario más corto, el Gobierno podría dictar la resolución en días, pero con ello el acuerdo del Comité podría ser reclamado al Tribunal Ambiental.
Acudir a este Tribunal -ahora por la resolución de el último Comité- es el camino principal. "Cuando el Comité de Ministros rechaza un proyecto tras la evaluación ambiental, la legislación contempla varios pasos que los titulares o interesados pueden seguir para impugnar esa decisión", dice Cristián Vargas, Socio del área Legal e Impuestos en BDO Chile.
Eventualmente -agrega- también se puede acudir a la Corte Suprema. Andes Iron, precisamente, planteó que esperarán "confiados", lo que digan dichas instituciones.
El "bucle"
Christian Rojas, quien también es doctor en Derecho de la UC, recuerda que una vez que el acto administrativo que rechazó el proyecto se concrete, surge la posibilidad de interponer, ante el Primer Tribunal Ambiental, desde las distintas partes, el correspondiente reclamo de ilegalidad.
"Con ello -sostiene- se repetiría, como un verdadero loop, la situación inmediatamente anterior a la declaración de ilegalidad del anterior Comité de Ministros".
Con su mirada coincide Jorge Aranda, abogado de derecho ambiental y académico de la USACH.
"El problema -asegura- es que el tribunal, por como está diseñado el procedimiento, solo puede hacer una revisión y puede remitir los antecedentes al órgano para que vuelva a emitir la decisión, en este caso el Comité de Ministros, pero no puede sustituir al órgano".
Expica, en esa línea, que "se hace una suerte de bucle, un loop, en el cual se dicta una resolución de calificación, la revisa un Tribunal Ambiental, se la regresa, dicho coloquialmente, al órgano que tiene que tomar la decisión".
"Puede -dice- en un peor escenario, muy largo, haber una discusión bastante extendida en la cual se revisen muchas veces, la misma Resolución de Calificación Ambiental (RCA)".
¿Comité fuera de plazo?
Otra de las discusiones que se ha instalado tiene que ver con el plazo en el que sesionó el Comité de Ministros. Es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó que la instancia se reuniera a más tardar el 31 de diciembre.
Pero el Ejecutivo optó por la inhabilidad de quienes se habían pronunciado en 2023. Y consultó a la Contraloría una interpretación legal respecto del orden de subrogación, lo que llegó el viernes 3 de enero. Tras ello, la instancia se conformó y rechazó el proyecto.
"La duda es: ¿Los 15 días que dio el Primer Tribunal Ambiental eran para sesionar o dictar la resolución? En ambos casos, los plazos están vencidos", dice Edesio Carrasco, de la UDD.
Hay quienes piensan, con respecto a esto, que "el hecho de que el Comité haya sesionado fuera de plazo podría ser usado por Andes Iron. "El incumplimiento de una sentencia judicial, o de alguna parte de ella, siempre puede ser un argumento en un futuro recurso judicial", dice Matías Montoya, director de Barros y Errázuriz, a El Mercurio.
También hubo expertos que cuestionaron que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, haya formado parte de la instancia, considerando que desde su institución emitió un oficio en el que se "sugiere una calificación ambientalmente desfavorable del proyecto 'Dominga'", en 2022. Y que los pronunciamientos previos fueron lo que se cuestionó a la minstra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, por parte del Tribunal Ambiental.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, en todo caso, aseguraron que "el proceso está apegado a la ley". Y que los informes técnicos que emanan desde los subsecretarios expresan la opinión del órgano que representan, en el ejercicio de sus competencias, no la mirada personal de la autoridad.
El ya largo trayecto de Dominga
En 2010 Dominga fue adquirida por Andes Iron, por más de US$100 millones. Tres años después ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y en 2017 sufrió su primer rechazo por parte del Comité de Ministros, integrado por secretarios del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet.
En 2021 el Tribunal Ambiental -en medio de un ir y venir de recursos legales desde las distintas partes- anuló la votación de los ministros y entregó una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
Fue el turno, entonces, de los integrantes del gabinete del Presidente Boric, que volvieron a votar en contra, en 2023. Esa decisión fue declarada ilegal por "imparcialidad" y se ordenó que la instancia volviera a sesionar. Eso ocurrió ayer, con un nuevo revés para Dominga y un futuro incierto, ante los anuncios de las distintas partes.
