El proyecto minero-portuario Dominga tiene reclamos en el Primer y Segundo Tribunal Ambiental, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la Corte Suprema y ahora se sumará el Tribunal Constitucional.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, que preside el Comité de Ministros, informaron ayer que se presentó un reclamo ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de "resguardar las atribuciones legales del Comité de Ministros".
El reclamo surge tras el dictamen del Primer Tribunal Ambiental del 17 de febrero que anuló y pidió modificar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su calidad de secretaría técnica del Comité de Ministros, el aspecto central de la resolución en contra de Dominga adoptada en enero de este año.
En esa instancia, el Comité de Ministros estuvo íntegramente compuesto por subrogantes.
Según indicó en una aclaración el Primer Tribunal Ambiental, no se requiere de una cuarta votación del Comité de Ministros para que el SEA modifique los aspectos sustanciales de la resolución adoptada en 2025.
El Ministerio del Medio Ambiente señaló que ingresó el requerimiento de contienda de competencias al Tribunal Constitucional, debido a que el dictamen el Primer Tribunal Ambiental contraviene "la Constitución y la ley, se atribuye potestades privativas del Comité de Ministros" e imparte "instrucciones directas a la Secretaría Técnica de dicho Comité, para determinar el contenido de sus decisiones sobre el proyecto minero portuario Dominga".
"El objetivo de esta acción es resguardar las competencias del Comité de Ministros, que resolvió apegado a la ley. Con esta presentación, estamos utilizando las herramientas que contempla nuestra Constitución para hacer valer el Estado de Derecho", afirmó el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
La ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, explicó que con esta acción buscan "clarificar cuáles son los ámbitos de competencia, entendiendo desde el Ejecutivo que el fallo invade atribuciones que son privativas del Comité de Ministros y, por tanto, es el Tribunal Constitucional quien tiene que definir cuál es la interpretación correcta respecto de las atribuciones del Comité de Ministros en esta materia".
Desde Andes Iron, titular del proyecto Dominga, acusaron una "maniobra dilatoria" por parte del Gobierno.
"La decisión del Gobierno de acudir al Tribunal Constitucional representa una nueva maniobra dilatoria, dado que no existe conflicto real de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA). Es muy parecido a lo que ocurrió cuando fue fuertemente criticado por consultar a Contraloría para que esta le dijera qué ministros debían integrar el Comité", indicaron ayer.
Alerta para otros
Para los abogados, esta acción agrega una arista más a la trama de judicialización del Proyecto Dominga.
"En el escenario actual, cualquier proyecto con riesgo de judicialización puede enfrentar un escenario como éste, diferentes acciones en diferentes sedes", indicó Emanuel Ibarra, socio del estudio Moreno Sáez y Avilés y exfiscal de la SMA.
Por eso, señala que "es relevante que se declare admisible sólo la acción que corresponde en estos casos. El reclamo de ilegalidad ante los tribunales ambientales con el recurso de casación que corresponde y que haya un control estricto de otras acciones que son idóneas para resolver estos asuntos".
En la misma línea, Juan Ignacio Marín, director de Regulatorio y Medio Ambiente de HD Group, afirmó que el caso de Dominga es una "alerta" para otros proyectos de inversión.
"Mientras no se resuelva la permanencia o funciones del Comité de Ministros y mientras no se corrija el procedimiento y su sistema recursivo, nada impide que futuros proyectos se desalienten ante la posibilidad de verse enfrentados en un entramado similar", cerró.
